Iniciamos este artículo, El Poder y la ley del más fuerte, partiendo de la distinción que, para comprender lo que es el poder político, hacía un gran jurista de comienzos del pasado siglo, Léon Duguit (1859-1928), entre los «gobernantes» y los «gobernados». En todo grupo humano, estimaba el, desde el más pequeño al más grande, existen los que mandan y los que obedecen, los que dan órdenes y los que las acatan, los que toman decisiones y los que las aplican; los primeros son los «gobernantes» y los segundos los «gobernados». Así, los miembros del Comité dirigente de un partido, de un sindicato o de una asociación, los miembros del consejo de administración de una sociedad mercantil, el papá, los cardenales y los obispos de la Iglesia Católica son «gobernantes» dentro de sus grupos respectivos, como el Presidente de la República, el primer ministro, los ministros y los diputados lo son en una nación. En cada grupo social, el poder político estaría constituido por los gobernantes así definidos. Designaría a la vez la autoridad de estos gobernantes, sus competencias (punto de vista material), los procedimientos por los cuales las ejercen (punto de vista formal) y los gobernantes mismos (punto de vista orgánico).
El defecto de la concepción de Duguit consiste en que no precisa suficientemente la noción de «gobernante». Si los «gobernantes» son todos los que dan efectivamente órdenes y los que son materialmente obedecidos, todo el mundo es a la vez gobernante y gobernado, salvo el presidente de la República en lo alto de la jerarquía; porque todo el mundo recibe órdenes y las da. Si se habla de poder cada vez que una relación humana se basa en la desigualdad, cada vez que un individuo pueda obligar a otro a someterse, el poder se encuentra en todas partes y todas las instituciones tienen un carácter político. Debe efectuarse una distinción fundamental entre poderío material y el poder; el primero reposa solamente en la posibilidad de coaccionar a otro; el segundo se basa, además, en la creencia del coaccionado de que es legítima dicha coacción.
Poderío vs Poder: el poderío es la ley del más fuerte; el poder aparece cuando quienes obedecen creen que es normal, justo y legítimo
El poderío es la ley del más fuerte, que puede constreñir materialmente al más débil a inclinarse. El poderío es omnipresente, ya que resulta de la desigualdad de fuerzas. Cuando se habla de fuerza y de coacción material, se trata no solo de la fuerza política, sino también de la fuerza económica, o el encuadramiento colectivo.
En tanto que se obedece solamente porque se está coaccionado a hacerlo, por la presión física, la dominación económica o el encuadramiento colectivo no existe realmente poder, sino solo poderío. El poder aparece cuando quienes obedecen creen, además, que es normal que ellos obedezcan, que esto es bueno, justo, legítimo. La legitimidad de ese poder puede ser de tres tipos, según el sociólogo alemán Max Weber (1860-1920):
- De carácter racional. Es el poder que descansa en la legalidad de un orden. Todo mando o poder se deriva de la ley. Aquí se podrían encuadrar, si bien cada cual con sus matices y peculiaridades, las democracias occidentales.
- De carácter tradicional. Es el poder que descansa en la creencia en el origen divino de su institución. La legitimidad está constituida por esa tradición. De dicho carácter se han servido, por ejemplo, las monarquías absolutas del Antiguo Régimen.
- De carácter carismático. Es el que descansa en la adhesión que el heroísmo o la ejemplaridad suscitan en el pueblo. Buena parte de las revoluciones, sino todas ellas, han tenido al frente a líderes carismáticos que se han granjeado el apoyo y el afecto del pueblo. Ejemplo de ello son todos aquellos movimientos revolucionarios originados en el seno del pueblo para tratar de derrocar el régimen tirano que los oprime y reprime. Una vez logrado el objetivo y conquistado el poder, el siguiente paso debiera ser el establecimiento de un nuevo sistema totalmente contrario al derribado, donde la libertad y el Estado de Derecho se abran camino de manera firme y diáfana. Decimos debiera, pues en la práctica y por desgracia la mayoría de las revoluciones, una vez sus líderes han conquistado el poder aprovechándose de la fuerza del pueblo, han dejado atrás un régimen tiránico... para acabar imponiendo otro, luego de conveniente traicionar al pueblo mediante el engaño, la propaganda y el miedo, aprovechándose de ese momento de éxtasis sentimental de una ciudadanía ilusionada y desbordada de júbilo por haber derrocado a la tiranía pero, a la vez, ajena a ocultas y espurias intenciones; así, el propio pueblo acaba convirtiéndose en cómplice, sin ser consciente de ello, del nuevo régimen que se les viene encima, que incluso puede llegar a ser peor y durar más que el que acaban de dejar atrás. Aquí se podrían encajar aquellas revoluciones que han derrocado autocracias para acabar imponiendo férreos sistemas totalitarios, donde el Estado, en muy pocas manos, se ha acabado adueñando no sólo de la libertad del individuo, sino que su pretensión siempre ha sido incluso adueñarse de su libertad de pensamiento. Los regímenes comunistas del pasado siglo XX, algunos de los cuales todavía sobreviven actualmente, para desgracia de sus ciudadanos, son buen ejemplo de ello.
El poder debe estar justificado y ser legítimo para tener autoridad; además, quien manda ha de tener inteligencia, pureza, competencia, voluntad, carácter y condiciones de mando
En la distinción entre poder y autoridad, la autoridad apunta al título de legitimidad del propio poder. La autoridad hace que un poder esté justificado. Ahora bien, para que un poder sea autoridad, tenga derecho al mando y, por lo tanto, exigir correlativamente la obediencia, es necesario que el poder esté justificado y sea legítimo. A este respecto, siguiendo la doctrina de Santo Tomás de Aquino, puede afirmarse que para que la autoridad esté constituida como tal y, de esa suerte, legitime y justifique el poder, se necesitan tres requisitos: legitimidad, dignidad y eficacia.
Legitimidad. En cuanto a su origen, de acuerdo con la teoría expuesta por Max Weber, la legitimidad es normalmente legal o tradicional, y sólo excepcionalmente, en épocas históricas de emergencia, en caso de ruptura del orden civil por causa interior o externa, podría la legitimidad ser carismática.
Dignidad. Sólo quien tiene capacidad para ejercer el poder puede ostentarlo legítimamente. El poder es imperio, es primordialmente función de la inteligencia y secundariamente de la voluntad. Quien manda necesita tener inteligencia, pureza, competencia, voluntad, carácter, condiciones de mando. Leyendo la anterior frase, y observando a la actual clase política en España, tanto la que gobierna como la que dice hacer oposición a quienes gobiernan... si bien son múltiples y variados los calificativos que vienen a la mente de forma irremediable, a veces el silencio es la mejor y más contundente respuesta.
Eficacia. Se deduce de la propia definición del poder; quien ostenta el poder y carece de eficacia, o no la ejerce en todas sus condiciones y posibilidades, ejercita prácticamente una renuncia del poder, que le hace perder el carácter de auténtica autoridad. Por eso todo poder débil e inhábil crea desorden y anarquía; su ineficacia demuestra su falta real de autoridad. Vean a este respecto, lo que lleva sucediendo en España desde mayo de 2018, donde un gobierno débil, inhábil y plagado de incapaces, ha sumido al país, sino en la anarquía, sí en cierto desorden que el orden y sentido común de la ciudadanía contrarresta no sin dificultades. Si los más mediocres y mezquinos dan sobradas muestras de lo que son capaces de hacer y no hacer con el poder en situación de debilidad, imaginen de lo que serían capaces con un poder absoluto...
Oligarquía de partidos en el Reino de España
Clases de poder y formas de gobierno. El filósofo griego Aristóteles, que vivió en el siglo IV a. de J. C., dividía las formas de gobierno atendiendo al número de personas y a la honestidad de la finalidad. Y así, hablaba de formas puras de gobierno y de formas impuras. En las primeras señala:
- Monarquía, gobierno de uno solo en beneficio de la comunidad.
- Aristocracia, gobierno de unos pocos, los mejores, en beneficio de la comunidad.
- Democracia, gobierno del pueblo para la obtención del bien común.
Entre las formas impuras cita:
- Tiranía, gobierno de uno solo con olvido del bien común. Claros ejemplos, a lo largo de la Historia, no faltan desgraciadamente. Aunque en nuestros días traten de disfrazarse con la piel de la Democracia. Pero el lobo, ya se sabe, por mucho que se disfrace de cordero...
- Oligarquía, gobierno de unos pocos en beneficio propio, con olvido del bien común. Aquí bien podría encajar la Oligarquía de Partidos que, junto a las castas privilegiadas que medraron al calor del franquismo, gobiernan España tras el pacto alcanzado con los advenedizos demócratas en la llamada Transición.
- Demagogia, mal gobierno del pueblo. Hasta las más pequeñas comunas han acabado por caer en la demagogia.
Claro está, estas formas de gobierno estaban pensadas para la época histórica en que vivió Aristóteles, pero el devenir histórico ha demostrado la imposibilidad de aplicar estas formas a grupos sociales de mayor dimensión y complejidad que la polis griega.
Santo Tomás recoge y amplía la doctrina aristotélica, afirma que esas formas ya no se encuentran y que se tiende a crear nuevas formas de gobierno que reúnan las mejores características de la monarquía, aristocracia y democracia; es decir, formas mixtas de gobierno.
En la actualidad el problema en las formas de gobierno ha quedado, en líneas generales, reducido a República y Monarquía. Entre todas las diferencias que pueden citarse entre estas dos formas de gobierno, las más acertadas son las que hacen referencia al origen y duración del mandato. En la República el origen es la elección popular, que da el poder y designa a la persona que ha de ejercerlo, limitando su actuación a un número de años establecido en las leyes constitucionales del país. En la Monarquía, en cambio, el origen es dinástico y hereditario, y la duración es de por vida. Estas son las diferencias más claras existentes, que cada vez se van borrando más, pues hoy ya puede hablarse de repúblicas presidencialistas, democráticas y también de monarquías democráticas, representativas; cada vez más se difuminan las fronteras y son más difíciles de establecer las diferencias existentes. Así, en el Reino de España -aunque haya quien todavía ignora vivir en un reino; sólo ha de mirar su pasaporte o su permiso de conducción-, la forma de gobierno es la denominada como Monarquía Parlamentaria.
El orden jurídico. Es afirmación de Ortega y Gasset que el orden no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior. Un puro Estado policial basado en la simple conservación coactiva del orden, es imposible y no puede durar.
Fines del Estado: creación y mantenimiento del Derecho, y gestión del interés general
El orden del Estado es, antes que nada, orden jurídico, orden basado en el derecho, y por eso una de las funciones de gobierno es la creación constante del orden por el derecho, la creación y mantenimiento del orden jurídico. Los fines que se atribuyen al Estado se pueden concretar en dos: uno jurídico, creación y mantenimiento del Derecho; y otro social, de gestión de todos los intereses generales para cuyo servicio existe el Estado. Este segundo es también jurídico en cuanto se desarrolla dentro del marco del derecho, pero su fin no es el derecho, sino que se sirve de este como medio para el fin de la gestión de los intereses sociales generales del pueblo al que el Estado sirve.
El fin jurídico del Estado es la creación y mantenimiento del derecho. Para ello el Estado suscita funciones primordiales, como la legislativa: definición del derecho en la creación y promulgación de las leyes, que determina en cada caso concreto lo que procede en Derecho, velando por el exacto mantenimiento del mismo.
En una tercera función, el poder ejecutivo del gobierno en sentido estricto interviene en la ejecución y realización del Derecho. Tal, por ejemplo, el caso de la seguridad interior y los servicios de policía y orden público. El Estado realiza una gestión de los asuntos de interés general que constituye una función específica cada vez más importante del Estado; puesto que si a través de la legislación se manifiesta la voluntad del Estado concretada en las leyes, esta voluntad necesita ser actuada, ejecutada. No basta con crear la norma, sino que es preciso hacerla cumplir.
Separación de poderes en origen
Y tampoco basta con que haya división de funciones, como hay en España, sino que debe haber separación de poderes en origen, para que así se enfrenten, y controlen y corrijan sus posibles excesos. De ese enfrentamiento entre poderes, quien sale beneficiada es la Democracia.
Si un país y una ciudadanía con semejantes clase política y castas parasitarias que lo extenúan y traban en su paso hacia el siguiente nivel, ha llegado hasta dónde ha llegado... imagínense lo que se podría llegar a alcanzar si se desprendiese de tales sanguijuelas... las cuales harán todo lo que esté en su mano para, en su propio e infame beneficio, seguir secuestrando el verdadero progreso y evolución de la sociedad española con tal de seguir drenándola. Todo debe empezar por una reforma en profundidad del sistema educativo, articulada en torno al fomento del pensamiento crítico. Basta ya de unas estructuras educacionales que sumen al pueblo en la ignorancia, impidiéndole ser dueño de su propio destino.
[Fuente: VVAA (1978). El poder. En Maravillas del Saber. Consultor Didáctico (Tomo VIII, pp. 29-31). Milán, Italia: Editrice Europea di Cultura]
